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Los derechos de la comunidad LGTB y las leyes contra la homofobia en España


Los derechos de la comunidad LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) en España no han tenido un tratamiento uniforme a lo largo de nuestra historia, evolucionando desde la práctica inexistencia, persecución y represión, especialmente durante la dictadura franquista, hasta la actual protección legal contra la discriminación y el derecho al matrimonio homosexual.

La protección de los derechos de la comunidad LGTB empezó con nuestra vigente Constitución del 78 al garantizar “que todos los españoles son iguales delante de la ley sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

El gobierno socialdemócrata de Zapatero supuso un gran avance en los derechos de esta comunidad al conseguir legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo el 2 de julio de 2005. Esta legalización equiparó, por fin, los derechos de los matrimonios homosexuales con los matrimonios heterosexuales, permitiéndoles no sólo casarse, sino también formar una familia con hijos al permitirles la adopción. Pese a ser una Ley que contó con un amplio apoyo de la ciudadanía, también obtuvo el rechazo de un amplio sector de la población, de la Iglesia Católica, del Partido Popular (que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que fue desestimado) y de organizaciones y partidos afines como Unió Democrática de Catalunya y el Foro Español de la Familia, un amplio colectivo que consiguió las suficientes firmas para lograr que se debatiera en el Congreso, el 27 de febrero de 2007, una iniciativa legislativa popular intentando derogar la ley y los derechos que comporta, pero al sumar el resto de partidos más parlamentarios que votaron en contra, finalmente esta iniciativa no prosperó y se logró mantener la ley. El Estado español se convirtió gracias a esta legislación en uno de los países más avanzados (al mismo nivel de Bélgica, Países Bajos y Canadá) respecto al respeto a los derechos del colectivo homosexual, dando un giro de 180 grados a la política española de las últimas décadas.

Podemos afirmar que en España ha habido un gran cambio en la percepción social de la homosexualidad (aunque no lo comparta la totalidad de la población), cambio que ha propiciado políticas legislativas cada vez más tolerantes y protectoras. No obstante, pese a los grandes avances conseguidos, aún hoy en día tenemos que lamentar continuamente casos de marginación, discriminación, violencia y agresiones homofóbicas en nuestra sociedad, por lo tanto, a pesar de ser uno de los países con una legislación más progresista del mundo, aún continúan existiendo conductas homofóbicas en nuestra población.

Estas conductas afectan incluso a sectores profesionales como el de la judicatura, donde se han dictado algunas sentencias discriminatorias hacia los homosexuales, como por ejemplo la de un juez de Murcia que retiró la custodia de sus hijos a una lesbiana por el mero hecho de serlo (este mismo juez ya había tenido actitudes similares en otros casos relacionados con la homosexualidad), o el caso de una jueza de Denia que se opuso activamente al matrimonio gay y recurrió la ley al Tribunal Constitucional.

La homofobia resulta especialmente preocupante cuando se une a la xenofobia en el caso de homosexuales extranjeros, o es contra menores, siendo especialmente grave en las aulas, donde la presión sobre los niños y adolescentes llega a casos tan extremos de “bullying” que han conducido incluso al suicidio.

El colectivo transexual es uno de los que más está sufriendo esta marginación social, puesto que, además de tener que reivindicar el respeto a su identidad sexual, a la no discriminación, en temas como la adopción o en el trabajo, debe luchar también por obtener el suficiente apoyo jurídico, médico y psicológico para conseguir la reasignación de género o el cambio de sexo. Un pequeño paso en la defensa de este colectivo fue la aprobación en marzo de 2007 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas que, aunque mantiene una criticada consideración médica y diagnostica de la transexualidad (disforia de género), permite el cambio de sexo legal en un proceso administrativo donde no es obligatorio acreditar cirugía genital, respetando, por lo tanto, el principal elemento reivindicativo de los colectivos transexuales en España.

Podemos mencionar como uno de los grandes logros en materia legislativa, la ley 11/2014 de 10 de octubre del Parlament de Catalunya, que tiene como objeto principal "garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia". Una ley que tiene como prioridades garantizar los derechos de las personas LGTBI y atajar la violencia contra este colectivo. La norma abarca toda la vida de una persona LGTBI y actúa tanto a nivel público como en el ámbito más privado. Es decir, tiene una perspectiva global e integral a la hora de hacer frente al gravísimo fenómeno de la violencia homófoba que sufrimos.

Cataluña no ha sido la única CCAA que ha promovido este tipo de legislación, antes lo intentó la gallega, como también lo ha intentado la andaluza, la valenciana o la madrileña, pero, por desgracia, aún sigue existiendo una parte de la ciudadanía que se niega a respetar los derechos de la comunidad LGTB y que está frenando los avances conseguidos a nivel legislativo. Por lo tanto, pese a la gran evolución experimentada en la sociedad española aún nos queda un gran camino por recorrer, en el que todos debemos contribuir educando a las futuras generaciones en la tolerancia y el respeto a los demás.

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